Hay que reconocer a la diputada Laurence Rossignol un mérito real: tiene razón al rechazar la palabra «pedofilia» cuando se trata de violencias sexuales cometidas contra menores. El término está viciado. Etimológicamente, sugiere una forma de amor hacia el niño. Pero no hay amor en la dominación, en la agresión, en el incesto, en la destrucción de la inocencia. Hay un crimen, una depredación. Hay una profanación de lo más vulnerable. Hablar de «paidocriminalidad» es pues más justo, más claro, más sano moralmente.
Pero es precisamente porque esta primera distinción es acertada que hay que lamentar que el razonamiento se detenga a mitad de camino.
Pues cuando se afirma después que las violencias sexuales contra menores ocurren más a menudo en la familia, y se extrae de ello una sospecha general contra la familia, contra la autoridad, contra el padre, entonces se recae en un viejo reflejo ideológico. Un reflejo muy arraigado a la izquierda: tan pronto como surge el mal en una institución tradicional, se concluye que la institución misma es el problema. La familia se vuelve sospechosa. El padre se vuelve sospechoso. La autoridad se vuelve sospechosa. Y el drama real de los niños se convierte en la ocasión de poner de nuevo en marcha el viejo software anti-familia.
Ahora bien, este razonamiento es falso. Es falso ante todo porque un niño pasa gran parte de su vida en su familia. Es allí donde duerme, donde come, donde depende, donde confía, donde es vulnerable. No es pues desafortunadamente absurdo que muchos horrores se produzcan en este marco. Es incluso lo que los hace tan terribles: no vienen de un exterior claramente identificado, sino del lugar que debería ser el refugio.
Pero sobre todo, este razonamiento es falso porque confunde la institución con su traición.
La violencia sexual en la familia no es la verdad de la familia. Es su corrupción absoluta. El incesto no es la expresión del vínculo familiar: es su inversión monstruosa. Un padre depredador no es la encarnación de la autoridad paterna: es su caricatura demoníaca. No representa al padre; destruye la paternidad. No representa la autoridad; la mancha.
Es aquí donde la comparación política es esclarecedora. El hecho de que existan dictadores no prueba que todo gobierno sea malo. Prueba que un poder sin justicia se vuelve tiránico. El hecho de que un jefe pueda oprimir no significa que una sociedad deba renunciar a toda autoridad. Significa que hay que distinguir la autoridad legítima, que protege, sirve y ordena, de la dominación ilegítima, que aplasta y posee.
Lo mismo ocurre en la familia. La autoridad del padre, cuando es justa, no es un permiso otorgado al más fuerte. Es una carga. Es un servicio. Es una responsabilidad ante los más débiles. No existe para encerrar al niño, sino para protegerlo. No existe para imponer el silencio, sino para garantizar la seguridad. No existe para encubrir abusos, sino para impedir que sean posibles.
Hay que ser pues muy claro: defender la familia no significa encubrir los crímenes cometidos en las familias. Defender al padre no significa defender a padres indignos. Defender la autoridad no significa defender la impunidad. Bien al contrario. Una sociedad que verdaderamente cree en la familia debe ser implacable con quienes la profanan. Una sociedad que verdaderamente cree en la paternidad debe ser implacable con quienes utilizan la posición de padre, padrastro, tío o cercano para destruir a un niño.
La verdadera respuesta no es pues deconstruir la familia. Es recordar qué es una familia digna de este nombre: un lugar de protección, de transmisión, de ternura, de justicia, de palabra y de seguridad. Y cuando se convierte en lo opuesto, cuando se convierte en el lugar del secreto, de la dominación y del miedo, entonces no merece ser excusada en nombre de la familia. Debe ser juzgada en nombre de lo que la familia debería ser.
Por eso la palabra «paidocriminalidad» es justa. Pero exige otra precisión: estos crímenes no revelan la verdad de la familia. Revelan la profundidad de su traición. Y esta traición debe ser combatida no contra la idea de familia, sino en nombre del niño, en nombre de la justicia, y en nombre de una autoridad finalmente restituida a su vocación primera: proteger a los débiles.
