«Speculatores eius cæci omnes, nescierunt universi; canes muti non valentes latrare» (Is 56, 10). Sus centinelas están todos ciegos, ninguno sabe nada; son perros mudos, incapaces de ladrar.
Los hechos ya son conocidos; los resumo únicamente porque la cronología es ya una sentencia. El 7 de agosto, la Secretaría de Estado denegó la misa «usus antiquior». El 30 de septiembre, mediante una carta recibida en París el 12 de octubre, según informa el National Catholic Register, la Secretaría de Estado denegó incluso la posibilidad de entrar en procesión en la Basílica Vaticana para rezar por el Papa y adorar al Santísimo Sacramento. El 23 de octubre, a veinticuatro horas de la peregrinación, los organizadores dieron a conocer la noticia. El 24 de octubre, los peregrinos, llegados de todas partes del mundo, fueron detenidos en el límite de la jurisdicción italiana. No se dijo nada antes: ni sobre la carta de agosto, ni sobre la de septiembre, ni sobre la recibida once días antes.
A estas alturas, el Palacio no me interesa. El Palacio ha hecho lo que suele hacer: ha respondido en dos líneas, sin motivo alguno, con un número de protocolo. El Palacio, al menos, es coherente consigo mismo.
Me interesan quienes deberían haber dicho a los fieles lo que sabían y eligieron callar para no quedar mal.
Lo sabían los organizadores, que tenían las cartas en sus manos. Lo sabía Schneider, que había pedido la misa durante la audiencia privada que le concedió el Palacio: ya conocía la negativa. Tanto si los demás lo sabían como si no —los cardenales, los profesores, los monseñores y los superiores: Burke, Schneider, Barthe, Wach, Cristo Rey, San Pedro, De Mattei…—, quienes prestaron a la peregrinación su nombre y su autoridad no acompañaron a los peregrinos: los abandonaron para no comprometer sus relaciones con el Palacio. Lo sabían, y su culpa no es solo el silencio, sino la traición a sus propios fieles, sobre quienes recayeron la humillación y el escándalo de la negativa.
Y aún hay algo peor. Después de dejar que los peregrinos vinieran a Roma, se lamentó la confusión creada por los comentaristas y se reiteró que la peregrinación nació del amor al Papa que la rechazó. Un portavoz vaticano llegó a decir que bastaba con presentar una solicitud más específica, pero el texto de la carta del 8 de septiembre lo desmiente palabra por palabra. Luego alguien se apresuró a explicar, a posteriori, que en el fondo se trataba de una cuestión de procedimiento, de un malentendido, de una circunstancia desafortunada: a la vergüenza se añade la deshonra.
Y en Santa María la Mayor, donde no solo se denegó el Pontifical, sino que tampoco se permitió distribuir la Comunión porque la hora concedida para la misa rezada se había excedido en ocho minutos, se dio las gracias por escrito al arcipreste de la Basílica e incluso al Maestro de Ceremonias. Tampoco debe olvidarse la patética retractación de otro exponente del tradiconservadurismo, Peter Kwasniewski.
Quien justifica al funcionario que niega la oración ante el Altar de la Cátedra no defiende a la Iglesia: defiende una ficción burocrática contra la Fe, además de sus propios intereses.
Esta es la indignación. La vergüenza es otra, y más amarga. Es la vergüenza de ver a hombres que predican la misa de siempre comportarse, cuando se trata de «dar la cara», como empleados de una administración: no se molesta, no se da un paso al frente, no se dice nada hasta que pueda decirse sin consecuencias. Los fieles viajaron, rezaron y fueron rechazados y humillados. A sus pastores no se les pedía que conquistaran la Basílica: se les pedía que les avisaran.
El Señor escribió: «Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis» (Is 56, 7). Todos los pueblos, pues, salvo los católicos que solo piden profesar su fe y rezar. Y nadie, entre quienes lo sabían, tuvo el valor de decirlo en voz alta.
